“El problema de Colombia es que cuando se accidentan carros nuevos nadie dice nada, pero si después de muchos años se estrella una escalera, como lo que sucedió con Sabanalarga, se arma el problema y comienza el debate de que deben desbaratar los carros”, dice el conductor de La Colegiala.  

 

Beatriz Acevedo, agente de Tránsito del municipio desde hace 10 años, manifiesta que en ese tiempo solo ha atendido dos choques mínimos con este tipo de vehículos: “a pesar de que trabajan para las veredas donde las vías son inestables, estrechas y la superficie de rodadura son de material suelto, los conductores son demasiado prudentes. Los únicos accidentes que se reportan con este tipo de vehículos son colisiones con motocicletas, pero son muy pocos”. 

 

Por eso, cada día, antes de partir a su ruta de seis de la mañana, Jorge Hernán y su ayudante deben soplar el alcoholímetro y presentar su tarjeta de propiedad, SOAT, tarjeta de operación, seguro de responsabilidad civil actual y contractual, certificado de fumigación y de revisión de gases. “Como empresa de transporte nos interesa prestar nuestro servicio con mucha seguridad: las chivas no son inseguras, mecánicamente se mantienen muy bien y el imperativo para los conductores es que respeten la capacidad transportadora del vehículo, que oscila entre 45 y 52 pasajeros, dependiendo del tamaño del mismo”, declara Alveiro Mora, administrador de la oficina de Coonorte y Concejal de Andes. 

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Entre 2016, 2017 y lo que va de 2018, la Alcaldía y la Gobernación han hecho tres kilómetros y medio de rieles placa huella –que consisten en la pavimentación de tramos difíciles de transitar–, para los que hicieron una inversión de 1.800 millones de pesos. Cada dos meses se le hace un mantenimiento a las vías que van a los corregimientos, debido a que el municipio solo cuenta con una motoniveladora y tres volquetas, las cuales no son suficientes para cubrir los 160 kilómetros de vías terciarias que tiene el municipio. 

 

Este año se construirán ocho kilómetros más de rieles placa huella en zonas rurales, para los que el municipio invertirá 1.500 millones de pesos y la Gobernación aportará el mismo valor. “Si bien estos proyectos ya fueron aprobados, aún no se pueden llevar a cabo porque estamos en ley de garantías. Hasta que no finalice el proceso de elecciones no se pueden hacer contrataciones”, explica Juan Guillermo Restrepo, encargado de vías, vivienda y equipamiento municipal de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Pública de Andes. 

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